Decía Benedicto XVI en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año:
"Uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente es el derecho al trabajo. Esto se debe a que, cada vez más, el trabajo y el justo reconocimiento del estatuto jurídico de los trabajadores no están adecuadamente valorizados, porque el desarrollo económico se hace depender sobre todo de la absoluta libertad de los mercados. El trabajo es considerado una mera variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros. A este propósito, reitero que la dignidad del hombre, así como las razones económicas, sociales y políticas, exigen que « se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan »[Carta enc., Caritas in veritate, n. 32]. La condición previa para la realización de este ambicioso proyecto es una renovada consideración del trabajo, basada en los principios éticos y valores espirituales, que robustezca la concepción del mismo como bien fundamental para la persona, la familia y la sociedad. A este bien corresponde un deber y un derecho que exigen nuevas y valientes políticas de trabajo para todos".
El texto del Mensaje actualiza lo que el Pontífice había desarrollado en Caritas in Veritate, en su n. 32:
"Las grandes novedades que presenta hoy el cuadro del desarrollo de los pueblos plantean en muchos casos la exigencia de nuevas soluciones. Éstas han de buscarse, a la vez, en el respeto de las leyes propias de cada cosa y a la luz de una visión integral del hombre que refleje los diversos aspectos de la persona humana, considerada con la mirada purificada por la caridad. Así se descubrirán singulares convergencias y posibilidades concretas de solución, sin renunciar a ningún componente fundamental de la vida humana.
"La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades [Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 33] y que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan. Pensándolo bien, esto es también una exigencia de la «razón económica». El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil.
"La ciencia económica nos dice también que una situación de inseguridad estructural da origen a actitudes antiproductivas y al derroche de recursos humanos, en cuanto que el trabajador tiende a adaptarse pasivamente a los mecanismos automáticos, en vez de dar espacio a la creatividad. También sobre este punto hay una convergencia entre ciencia económica y valoración moral. Los costes humanos son siempre también costes económicos y las disfunciones económicas comportan igualmente costes humanos.
"Además, se ha de recordar que rebajar las culturas a la dimensión tecnológica, aunque puede favorecer la obtención de beneficios a corto plazo, a la larga obstaculiza el enriquecimiento mutuo y las dinámicas de colaboración. Es importante distinguir entre consideraciones económicas o sociológicas a corto y largo plazo. Reducir el nivel de tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a mecanismos de redistribución del rédito con el fin de que el país adquiera mayor competitividad internacional, impiden consolidar un desarrollo duradero. Por tanto, se han de valorar cuidadosamente las consecuencias que tienen sobre las personas las tendencias actuales hacia una economía de corto, a veces brevísimo plazo. Esto exige «una nueva y más profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines» [Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000, n.15], además de una honda revisión con amplitud de miras del modelo de desarrollo, para corregir sus disfunciones y desviaciones. Lo exige, en realidad, el estado de salud ecológica del planeta; lo requiere sobre todo la crisis cultural y moral del hombre, cuyos síntomas son evidentes en todas las partes del mundo desde hace tiempo".
En definitiva, podemos concluir:
- El derecho al trabajo es un derecho amenazado.
- Está amenazado porque es una variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros.
- Es necesaria una renovada consideración del trabajo: el trabajo es un bien fundamental para la persona y la sociedad.
- Es necesario reflexionar sobre el sentido de la economía y sus fines. Lo exige el estado de salud ecológica del planeta, el paro y la crisis cultural y moral de la humanidad.
- Las opciones económicas deben buscar como prioridad el pleno empleo. Reducir la tutela de los derechos de los trabajadores impide consolidar un desarrollo duradero.
- Las opciones económicas no pueden aumentar las desigualdades. El aumento de la pobreza relativa erosiona la cohesión social.
- El aumento de la pobreza destruye las relaciones de confianza que son necesarias para la vida social.
- Una situación de inseguridad estructural provoca un derroche de recursos humanos, absolutamente contrario a las posibilidades de desarrollo económico.
- Los costes humanos son costes económicos.
- Las disfunciones económicas conllevan costes humanos.
- No podemos reducir la cultura a su dimensión tecnológica.
- Este reduccionismo es expresión de la crisis cultural y moral que padece la humanidad. Este reduccionismo dificulta las posibilidades de cooperación entre las personas.
- El paro es, por todo esto, un atentado contra la justicia y la paz.
Superar esta situación requiere una renovación de la vida social, política, económica y cultural. Exige superar la visión positivista y parcelada de las ciencias sociales por una visión integral y holística del ser humano y de la comunidad humana. Exige concebir a la humanidad como una comunidad donde todos los seres humanos gozamos de dignidad. Exige que la actividad política y económica se dirija hacia el bien común. Exige que la actividad de las empresas renuncie a la prioridad del máximo beneficio en pro de la satisfacción de las necesidades humanas. Exige que los responsables políticos trabajen en pro del bien común y no de su lucro personal. Exige que la ética y la moral estén presentes como regla en las actividades humanas.
Francisco Javier Alonso Rodríguez
Vicepresidente Comisión General de Justicia y Paz
Presidente Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid
